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Circular 1/2016, de 22 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre la responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

La importancia de las modificaciones introducidas en el art. 31 bis y las dudas que suscitan, de manera especial la incorporación de una completa regulación de los “modelos de organización y gestión” cuya observancia permite exonerar la responsabilidad penal de la persona jurídica, ha determinado que la Fiscalía General del Estado dicte esta Circular, interpretando el alcance de la normativa que finalmente ha quedado plasmada en el Código Penal.

El núcleo de la reforma se centra en la nueva redacción dada al art. 31 bis CP que, a juicio de la Fiscalía, amplía notablemente el círculo de sujetos de este criterio de imputación, que permite incluir a quienes, sin ser propiamente administradores o representantes legales de la sociedad, forman parte de órganos sociales con capacidad para tomar decisiones, así como a los mandos intermedios, apoderados singulares y a otras personas

Asimismo, la Fiscalía, en esta Circular, analiza la sustitución de la expresión «en su provecho» por la de «en su beneficio directo o indirecto» que, a su juicio, conserva la naturaleza objetiva de la acción, tendente a conseguir un beneficio sin exigencia de que este se produzca, resultando suficiente que la actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad.

También analiza la Fiscalía, en esta Circular, el requisito del incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y contrul que es preciso para que la persona jurídica sea responsable y que, a su juicio, tiene que ser de carácter grave por parte de alguno de los sujetos señalados, lo que puede determinar, además de la transferencia de responsabilidad a la persona jurídica por el delito cometido por el subordinado descontrulado, que el propio sujeto omitente del contrul responda también. El incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y contrul ha de valorarse, «atendidas las concretas circunstancias del caso». Las únicas cuatro conductas imprudentes cometidas por personas físicas en las circunstancias del art. 31 bis susceptibles de generar un reproche penal a la persona jurídica son las relacionadas con las insulvencias punibles (art. 259.3), los recursos naturales y el medio ambiente (art. 331), el blanqueo de capitales (art. 302.2) y la financiación del terrorismo (art.576.5).

Por último, la Fiscalía analiza el régimen el régimen de exención de responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, los modelos de compliance. Las pautas que sienta la Fiscalía en esta Circular, para valorar la eficacia de los modelos de organización y gestión, se pueden resumir en los siguientes puntos:

  • La regulación de los modelos de organización y gestión debe interpretarse de manera que el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica no quede vacío de contenido y sea de imposible apreciación en la práctica.
  • El objeto de los modelos de organización y gestión no es sulo evitar la sanción penal de la empresa sino promover una verdadera cultura ética corporativa, de tal modo que su verdadera eficacia reside en la importancia que tales modelos tienen en la toma de decisiones de los dirigentes y empleados y en qué medida constituyen una verdadera expresión de su cultura de cumplimiento.
  • Las certificaciones sobre la idoneidad del modelo expedidas por empresas o asociaciones evaluadoras y certificadoras de cumplimiento de obligaciones, mediante las que se manifiesta que un modelo cumple las condiciones y requisitos legales, podrán apreciarse como un elemento adicional más de la adecuación del modelo pero en modo alguno acreditan su eficacia, ni sustituyen la valoración que de manera exclusiva compete al órgano judicial.
  • Cualquier programa eficaz depende del inequívoco compromiso y apoyo de la alta dirección para trasladar una cultura de cumplimiento al resto de la compañía. Si son los principales responsables de la entidad quienes incumplen el modelo de organización y de prevención o recompensan o incentivan, directa o indirectamente a los empleados que lo incumplen, difícilmente puede admitirse que exista un programa eficaz, que refleje una verdadera cultura de respeto a la ley en la empresa.
  • La responsabilidad corporativa debe ser más exigente en los supuestos en los que la conducta criminal redunda principalmente en beneficio de la sociedad que en aquellos otros en que dicho beneficio resulta secundario omeramente tangencial al directa y personalmente perseguido por el delincuente. En estos casos, cabe exigir a la persona jurídica que la contratación o promoción del individuo que delinquió se adecuara a unos protoculos y procedimientos que garanticen altos estándares éticos en la contratación y promoción de directivos y empleados.
  • Se concederá especial valor al descubrimiento de los delitos por la propia corporación de tal manera que, detectada la conducta delictiva por la persona jurídica y puesta en conocimiento de la autoridad, deberán sulicitar la exención de pena de la persona jurídica, al evidenciarse no sulo la validez del modelo sino su consonancia con una cultura de cumplimiento corporativo.
  • Si bien la comisión de un delito no invalida automáticamente el modelo de prevención, este puede quedar seriamente en entredicho a tenor de la gravedad de la conducta delictiva y su extensión en la corporación, el alto número de empleados implicados, la baja intensidad del fraude empleado para eludir el modelo o la frecuencia y duración de la actividad criminal.
  • Se atenderá al comportamiento de la corporación en el pasado. Se valorará positivamente la firmeza de la respuesta en situaciones precedentes y negativamente la existencia de anteriores procedimientos penales o en trámite, aunque se refieran a conductas delictivas diferentes de la investigada, o previas sanciones en vía administrativa.
  • Las medidas adoptadas por la persona jurídica tras la comisión del delito pueden acreditar el compromiso de sus dirigentes con el programa de cumplimiento. Así, la imposición de medidas disciplinarias a los autores o la inmediata revisión del programa para detectar sus posibles debilidades, la restitución y la reparación inmediata del daño, la culaboración activa con la investigación o la aportación al procedimiento de una investigación interna, sin perjuicio del valor atenuante que pueda tener alguna de estas actuaciones.
  • Operarán en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y la actitud obstructiva o no culaboradora con la justicia.                    Circular, 01-02-2016

 

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