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La decisión del Ministerio de Energía de que sean solo las comercializadoras eléctricas las que financien el bono social de la tarifa es el resultado de las negociaciones de este ministerio con la Comisión Europea a raíz del procedimiento de infracción (expediente 2014/2186) abierto contra España hace un par de años sobre la financiación del bono social. Bruselas investiga desde hace años si los países de la UE han traspuesto correctamente la directiva sobre mercado interior de la energía de 2009.

Según fuentes conocedoras del proceso, esta es la razón por la cual el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha lanzado con tanta seguridad una propuesta de financiación que podría resultar arbitraria y que PSOE y Podemos rechazan de entrada por considerar que podría ser tumbada por tercera vez por el Supremo. La medida está incluida en un real decreto ley de reforma de la Ley Eléctrica que el Gobierno quiere convalidar en el Congreso, para lo cual necesita la aquiescencia, al menos, del Grupo Socialista.

En octubre, el Alto Tribunal tumbó la obligación de que sean los grupos verticalmente integrados (los que desarrollan a la vez las actividades de distribución, comercialización y generación) los que sufraguen el citado bono, que se traduce en un descuento en la tarifa del 25% para varios colectivos y tiene un coste de casi 200 millones anuales. Precisamente, en la sentencias de los distintos recursos presentados por Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Eon, el Supremo hace referencia a aquel expediente y hace suyos los argumentos de la Comisión Europea.

Aunque ninguna de las dos instituciones cuestiona el bono social, por tener la consideración de “obligación de servicio público (...) referida a la seguridad de suministro”, ni siquiera que las eléctricas deban pagarlo, sí coinciden en que el mecanismo de financiación “infringe” el artículo 3.2 de la citada directiva. Este exige que no haya discriminación entre empresas y que el mecanismo sea transparente y controlable. La discriminación resultó evidente para la Comisión (y para el Supremo) porque se imponía la obligación de sufragar el bono a distribuidoras, comercializadoras y generadoras, pero solo a las integradas en un grupo y no al resto.

Aunque la oposición considera que la propuesta para una solución rápida al vacío en la financiación del bono es endeble jurídicamente y prefieren para evitar sorpresas que lo paguen la totalidad de las empresas del sector, todo apunta a que el modelo propuesto subsana las deficiencias del anterior. Ya no sería discriminatorio, pues recaería en todas las comercializadoras sin excepción (más de 200); es transparente, pues se paga en función del número de clientes y se puede controlar.

Cinco Días, 12-12-2016

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