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Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) declararon este martes formalmente que España y Portugal no adoptaron las medidas necesarias para cumplir con sus objetivos de déficit público de 2015. "Los dos países no reducirán los déficits por debajo del 3% del PIB [...] para la fecha límite recomendada. Y en ambos casos, el esfuerzo estructural ha quedado por debajo de lo recomendado", aseguró el Ecofin en un comunicado. España cerró 2015 con un déficit del 5,1%, por encima del objetivo del 4,2%, mientras que Portugal lo hizo en el 4,4%, por encima de la meta del 2,5%.

De este modo, se ha abierto un plazo de veinte días para que la Comisión Europea proponga una multa del 0,2% del PIB (2.160 millones de euros en el caso de España y 360 millones, en el de Portugal). Pero este no tiene por qué ser el importe definitivo: también este martes, en paralelo, se inició un plazo de diez días para que el Gobierno español y el portugués emitan una petición razonada para reducir el importe de la multa.

Esta podría ser de cero euros, tal y como confía Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, y como indicaron el jueves pasado Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión y Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos. Sin embargo, tanto Jeroen Dijsselboem, presidente del Eurogrupo, como el propio Moscovici, han vinculado de algún modo la reducción del importe de la multa a la adopción de medidas suficientes para cumplir con los nuevos objetivos de déficit público.

Pero esta es precisamente otra de las variables que están abiertas. La Comisión negocia con los Gobiernos una senda fiscal nueva. En el caso de España, Moscovici propuso en mayo un 3,7% en 2016 y un 2,5% en 2017. Pero ahora todo esto está en el aire. Según fuentes del Gobierno, De Guindos busca una cifra del "en torno al 4%" para este año y "por debajo del 3%" el que viene. Dependiendo de la flexibilidad de la Comisión y del Consejo, esto podría lograrse sin ajustes adicionales, solamente aprovechando la inercia de la economía (más recaudación fiscal y menos gasto social).

Además de la sanción económica, la Comisión tendrá que proponer también la congelación del desembolso de fondos europeos para España y Portugal a partir del 1 de enero de 2017. El importe máximo es del 0,5% del PIB o el 50% de los fondos que cada país reciba anualmente. A diferencia de la multa, que es a fondo perdido, los fondos congelados se restituirían una vez que el país cumpla con los objetivos marcados.

La Comisión pretende comunicar el mismo día las tres cosas: el importe de la multa, de los fondos congelados y la nueva senda fiscal. Todas las miradas están puestas en el 27 de julio, cuando se celebra la última reunión del Colegio de Comisarios antes de las vacaciones de verano. Sin embargo, tampoco es descartable que se adelante al Colegio del próximo miércoles, 20 de julio.

Expansión, 13-07-2016

 

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