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Los ayuntamientos se han encontrado con una situación inédita. Han llegado al mes de noviembre sin haber presentado sus presupuestos y sin tener una orientación del Estado para poder confeccionarlos como puede ser el techo de gasto, el máximo en el que se puede incrementar el gasto no financiero. Un Ejecutivo en funciones no puede aprobar el techo de gasto y eso ha llevado a muchos consistorios a aprobar sus cuentas públicas asumiendo que luego las tendrán que retocar si Hacienda no les da el visto bueno.

De hecho, quiere que comience el diálogo el próximo lunes: “No queremos perder ni un solo día ni queremos quedar relegados a una posición subsidiaria”, señaló. Y como segunda tarea urgió al Ejecutivo a resolver una cuestión pendiente: la derogación de la ley de Racionalización y Sostenibilidad Local (LRSAL) -conocida como reforma local“-- ya que, según el alcalde de Vigo, es “una demanda mayoritaria” de los municipios. Esta norma establece el traspaso de competencias en materia social y sanitaria desde las autonomías a los ayuntamientos, pero sin dotación presupuestaria.

Y uno de los más señalados es el ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, que ayer aprobó unos presupuestos expansivos, que fijan un crecimiento del gasto del 5% hasta los 4.702 millones de euros. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, destacó que si se descuenta la partida que el consistorio tendrá que dedicar a la amortización de deuda, el incremento del gasto será del 10,1%. Unos incrementos radicalmente diferentes a los que maneja Hacienda.

Hace dos semanas, ante la posibilidad de que se pudieran llegar a terceras elecciones ante el bloqueo político, Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que están representados todos los municipios, aseguró que la referencia que iban a utilizar los ayuntamientos para fijar el techo de gasto era de un 3,5%, que surgía de sumar el crecimiento medio previsto para la economía a medio plazo más la previsión de inflación para este año. Días después, Hacienda respondió a Caballero y le advirtió que en el techo de gasto no podía estar contemplada la inflación y que, por tanto, la cifra tendría que estar en el entorno del 2%.

La estimación de la FEMP queda todavía lejos del crecimiento del gasto fijado por Carmena para el ayuntamiento de Madrid (5% contando el gasto financiero y 10,1% sin contar esa partida). Una decisión arriesgada más aún cuando el consistorio ha tenido que presentar un plan económico financiero (PEF) a Hacienda ante el incumplimiento en 2015 de la regla de gasto que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sánchez Mato lo justifica por el pago de la extra suprimida a los funcionarios municipales en 2012. El techo de gasto marca el máximo que puede crecer en los presupuestos que se presentan cada año y la regla de gasto es la que fija si se sobrepasan los límites fijados en la ejecución de esas cuentas. Madrid sobrepasó el umbral fijado el pasado ejercicio y ha tenido que presentar un plan de ajuste por desviarse. Sánchez Mato considera que el Ejecutivo central no puede echar atrás las cuentas municipales porque no tiene capacidad para ello y porque las cifras de consolidación fiscal están muy por encima de lo exigido por Hacienda.

De hecho, si finalmente Hacienda no da el visto bueno al PEF, desde el consistorio dirigido por Carmena se muestran muy tranquilos, ya que deberían hacer un acuerdo de no disponibilidad de crédito cuyo importe estaría muy por debajo del superávit previsto para este año (por encima de 1.300 millones de euros) y del remanente de tesorería estimado también para este ejercicio (en torno a 800 millones de euros).

Expansión, 04-11-2016

 

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