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Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Josep María Álvarez, han presentado ante la Junta Electoral Central (JEC) y en el Congreso de los Diputados las 700.000 firmas ciudadanas que acompañan a su iniciativa legislativa popular (ILP) para conseguir una prestación de ingresos mínimos con el objetivo de "no dejar tirados" a los 6 millones de ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza en España. Ayer mismo el INE publicaba este drama en datos: el 22,1% de la población española vive en riesgo de pobreza.

Su texto prevé la aprobación de una renta mensual equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -426 euros, actualmente- que cobrarían las familias bajo el umbral de la pobreza mientras mantengan los requisitos, y que sería compatible con otras rentas -salvo las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social- siempre que no superen el 75% del Salario Mínimo sin pagas extraordinarias.

Según los sindicatos, la medida beneficiaría a 2,1 millones de hogares y costaría 11.000 millones al año, equivalentes al 1% del PIB, a financiar vía impuestos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. "Esta prestación es una cuestión de democracia y de solidaridad que la sociedad española se puede y debe permitir. No podemos dejar en la estacada, tirados en la pobreza extrema, a 6 millones de personas", ha reclamado Fernández Toxo.

El líder de CCOO ha subrayado que la pobreza y el riesgo de exclusión social han crecido "de forma muy importante" durante la crisis y que actualmente ya afectan al 22% de la población, particularmente a la que está en paro. Además, ha recordado que el Ejecutivo 'popular' se comprometió en 2014 a negociar esta medida con los agentes sociales pero nunca abrió las conversaciones, lo que "obligó" a los sindicatos a plantear la ILP en abril de 2015, si bien el texto finalmente no podrá debatirse hasta la próxima legislatura. "Esperamos que corra mejor suerte que otras iniciativas y que los partidos la apoyen", ha deseado.

Igualmente, Josep María Álvarez ha criticado que las diferentes prestaciones y subsidios existentes actualmente "a veces parecen más actos caritativos que derechos", indicando que su intención es establecer un "derecho universal de ciudadanía" a una renta mínima garantizada que, por tanto, no dependa de la disponibilidad presupuestaria sino que sea concedida a todo aquel que la necesite y la solicite.

El País, 26-05-2016

 

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