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Con la comparecencia de Báñez, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo comienza hoy sus trabajos para hacer una reforma de gran alcance en el sistema público de pensiones. La sexta del periodo democrático y, posiblemente, la primera en que todos los partidos políticos contemplen una fuente extraordinaria de ingresos, ajena a las cotizaciones sociales, y que puede tener tres vías: la primera hipótesis es crear un impuesto específico para financiar la Seguridad Social. La segunda posibilidad, dedicar a este fin una parte de los impuestos ya existentes, y la tercera, que los tributos sostengan las pensiones de viudedad y orfandad.

La presidenta de la Comisión, Celia Villalobos, explica que la reforma de las pensiones se hace porque el sistema debe revisarse cada cinco años. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, traslada a la opinión pública un sentimiento de alarma sobre las pensiones públicas cuando convierte a su reforma "en la más importante de todas las que se puedan hacer en la presente legislatura". Rajoy tiene razón, aunque Villalobos se esfuerza en transmitir tranquilidad a la opinión pública: "Las pensiones de ahora están garantizadas; la reforma que queremos hacer trata de asegurar las pensiones del futuro".

Sin embargo, éste es el grave estado estructural de la Seguridad Social y, en consecuencia, del sistema de pensiones: el Gobierno ha comunicado a Bruselas que la protección social cerrará este año con un déficit de 19.000 millones de euros. El más elevado de toda su historia, que equivale al 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB). Ítem más, el Ejecutivo calcula que en 2017 el déficit del sistema de protección, aunque más bajo, será todavía de 17.000 millones de euros, el 1,5% del PIB.

Como consecuencia de la depresión económica y de la destrucción de empleo, el desequilibrio de la Seguridad Social ha crecido de forma constante desde 2011, cuando fue de 487,30 millones de euros, un 0,82% del PIB.

En realidad, la crisis ha adelantado la aparición de varios problemas que la Seguridad Social, y el sistema de pensiones, tenían latentes desde hace tiempo. En primer lugar, porque entre 2007 y 2014, el declive económico destruyó, en términos de Seguridad Social, 3,8 millones de empleos y, por tanto, de cotizantes. En los tres años de recuperación económica, se han generado 1,6 millones de empleos. Sin embargo, la mayor parte de ellos son temporales, y muchos de ellos de cortísima duración. Esto hace que sus salarios sean muy moderados y, en consecuencia, sus bases de cotización sean muy bajas. Los sindicatos apuntan que cinco millones de personas ganan como mucho 655 euros al mes. Es decir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

El Mundo, 22-11-2016

 

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