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Las más de 60 entidades financieras de la eurozona que desde inicios de septiembre participan en el análisis de impacto de la reforma del euríbor que gestiona el Instituto Europeo de Mercados Monetarios (EMMI, por sus siglas en inglés), y que tienen que aportar datos de sus transacciones reales elegibles hasta finales de febrero de 2017, podrían poner objeciones al nuevo índice. Será así si la renovada fórmula de cálculo daña su negocio.

La nueva receta se basa en operaciones efectivas y no en estimaciones del mercado entre los propios bancos, como hasta ahora, y existe la posibilidad de que dé como resultado un valor que perjudique aún más la rentabilidad de la banca. Las entidades tienen referenciadas no solo la mayor parte de las hipotecas a este índice, sino también los créditos a empresas. El euríbor a un mes está en negativo desde enero del año pasado y a un año desde el 2 de febrero.

Fuentes conocedoras del proceso estiman que la actualización de la metodología, cuyo objetivo es reflejar la realidad actual al ampliar la muestra a todo el mercado mayorista, dotará de una mayor solidez al índice, aunque reconocen que este puede ser más volátil. En las pruebas realizadas en 2012 y 2013 la variación del nuevo euríbor frente al antiguo llegó a ser de 11 puntos básicos a la baja; un salto nada desdeñable considerando que al euríbor están vinculados productos por valor de 180 billones de euros. La mayor parte son créditos mayoristas, aunque también engloba créditos hipotecarios minoristas por un importe superior a un billón.

El organismo administrador del euríbor quiere contar con el visto bueno de la banca para poner a funcionar el nuevo indicador previsiblemente entorno al mes de junio de 2017. Es por eso que, una vez culmine hacia marzo el programa de verificación de datos y se compruebe que existe un volumen consistente de actividad, el EMMI, en su afán de transparencia, compartirá la información con todos los agentes implicados en el proceso y comprobará el grado de aceptación.

Fuentes financieras aseguran que “si existiera un impacto significativo en relación al nivel actual, se realizaría una revisión metodológica para que no exista un salto evidente entre el antiguo euríbor y el nuevo euríbor, evitando la posibilidad de que fuese considerado un índice nuevo con los consiguientes riesgos judiciales”. Así, “si se produce esta revisión metodológica, es probable que se retrase la entrada en vigor del cambio”, señalan.

Cinco Días, 28-09-2016

 

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